Las denuncias en torno al supuesto financiamiento del hoy convicto colombiano David Murcia Guzmán en la campaña política panameña, deben ser investigados profundamente por la Procuraduría General de la Nación.
Las dos principales campañas se acusan mutuamente y Murcia ha dicho que aportó $6 millones al bando oficialista. No hay que ser un genio para esclarecer qué es verdad y qué es mentira.
Tal cantidad no se puede ocultar fácilmente. Hay que revisar la contabilidad, chequear los videos de los supuestos lugares donde se reunió el dueño de la pirámide de la DMG con las personas a quienes les entregó el efectivo; si agentes del Servicio de Protección Institucional (SPI) le dio protección a Murcia, también debe existir alguna evidencia fílmica.
La justicia debe cumplir su labor y asegurar las pruebas que puedan existir y de ser falso, comunicarlo a la sociedad. Debe ser una acción rápida y no esperar que el tema se diluya con el pasar del tiempo, tal como sucedió con otros escándalos como el CEMIS.
Acusaciones de lavado de dinero en la campaña electoral del país, le hace un gran daño a la clase política, frente a un pueblo que hace tiempo dejó de creer en ellos.
Al mismo tiempo, se hace necesario imponer mayores controles a las donaciones a los políticos y fijar topes de gastos para las campañas, de lo contrario siempre existirá la tentación de que exista la penetración del dinero sucio en los comicios electorales. Flaco favor se le hace al país sino se aclara todo esto antes de los comicios de mayo, para prevenir que mañana a algunas de las figuras que resulten electas se les compruebe que en efecto recibieron dinero del narcotráfico.
La bola está en el campo del Ministerio Público, que debe desarrollar con independencia su investigación para determinar si el acusado de lavado de dinero está diciendo la verdad o es un charlatán que trata de extorsionar a las autoridades para que le liberen los bienes que le mantienen cautelados.