El informe del Departamento de Estado advierte nuevamente el peligro que representan para Panamá las operaciones del narcotráfico y lavado de dinero. El territorio panameño es la boca del embudo y el depósito de la cocaína de los carteles colombianos y mexicanos.
El documento del gobierno norteamericano llama la atención del peligro que ese flagelo es para las instituciones democráticas. Aunque en los últimos ocho años Panamá ha incautado 260 toneladas de droga, las organizaciones criminales han establecido raíces en el país y con ello han disparado los niveles de violencia.
La tasa de homicidios pasó de 11.1 por cada 100,000 personas en el 2006 a 23.2 por cada 100,000 en el 2009, lo que ponen al descubierto los problemas de seguridad que van de la mano con el incremento del uso de Panamá como trampolín para los narcóticos que van hacia Estados Unidos y Europa. Esa situación provoca actividades de sicariato que llenan las morgues de los hospitales del área metropolitana y que terminan en casos sin resolver.
Hay que resaltar que se hacen algunos esfuerzos para frenar la coladera que representan las costas panameñas y que el establecimiento de bases aeronavales es un avance en ese sentido, pero el país necesita recursos para comprar embarcaciones y helicópteros.
Al mismo tiempo, la acción antidrogas no debe limitarse a la incautación, hay que atacar también el lavado de dinero, donde poco o nada se ha hecho en varias décadas. Pocos son los casos investigados en Panamá, donde se condena a involucrados en ese delito, salvo a los colombianos que luego son extraditados a Estados Unidos.