Según Carlos Rodríguez, la falta de personal de inspección dificulta los operativos y su continuidad, agrengando que "lo peor es que si nos extralimitamos un poco de nuestras funciones nos caen los jueces y fiscales, pues no podemos clausurar locales sólo pones multas de 5 hasta 500 dólares".
Rodríguez afirma que otro asunto alarmante que está sucediendo en cuanto a los puestos de comida es que los extranjeros son los que más infringen las leyes y los panameños no pueden ir a sus países de orígenes a quebrantarlas.