Superada la crisis de la turbiedad que impedía el consumo del agua de la potabilizadora de Chilibre, ahora retorna una antigua dificultad: el racionamiento del vital líquido, donde habrá sectores que no gozarán del servicio hasta por 24 horas.
La razón obedece a fallas en la construcción de la ampliación de la potabilizadora, cuya producción debió incrementarse en 125 millones de galones diarios, pero aparentes fallas de diseño hacen imposible procesar tal cantidad para sumarla a los 125 millones de galones que bombea la vieja planta de Chilibre.
En medio del problema, una empresa británica responsable del proyecto guarda silencio y no hay posibilidad de reclamo aparente, porque un acuerdo promovido por la directiva del IDAAN impide esa opción.
Una obra pactada en casi $50 millones no cumple con los requisitos de producir la cantidad de agua prometida ni logra procesar adecuadamente frente a los niveles de turbiedad. Así las cosas, ahora se requiere una inversión de 16 millones de dólares para adecuar el diseño.
¿Dónde estaban los funcionarios responsables de inspeccionar esos trabajos que se iniciaron desde el año 2003?
Lo que sucede con la potabilizadora en Chilibre parece ser una constante en muchas obras donde el Estado invierte cifras millonarias. Se construyen los proyectos, no se supervisa adecuadamente, la compañía cobra y luego cuando ocurre un desastre, se descubren las bellezas.
¿Por qué ocurre eso? Sencillamente por la falta de supervisión y porque nadie le exige responsabilidades a los funcionarios asignados al cumplimiento de esas tareas. ¡Hay que estar vigilantes para que las obras que se pagan con fondos públicos se hagan bien y no estar nada más limitado al cheque de los 15 y los 30!