Miércoles 29 de enero de 2003

 

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Legislativo pide libertad para indígenas del Tabasará

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Carlos Estrada Aguilar
Crítica en Línea

Los disturbios ocasionados por el rechazo de la población indígena a los proyectos hidroeléctricos Tabasará 1 y 2, originó la reacción de la directiva de la Asamblea Legislativa, quien a través de la Comisión de Asuntos Indígenas, resolvió solicitarle al gobernador de la provincia de Chiriquí, Miguel Fanovich, y a la Policía Nacional un informe sobre la situación que degeneró en represión violenta y el arresto de un número plural de Ngobes-Bugle.

La resolución del Organo Legislativo solicita la pronta liberación de los indígenas arrestados y pide a las autoridades policiales que se abstenga de arrestar a niños indefensos, lo que constituye una clara violación a la convención de los derechos del niño y la legislación nacional.

La Policía Nacional arrestó a unos 50 indígenas que se enfrentaron a la policía antidisturbios el pasado sábado, momentos en que protestaban por la eliminación de los proyectos hidroeléctricos.

Luego de las acciones de fuerza que implementaron el pasado sábado en la vía interamericana, donde cerraron la vía y se enfrentaron a pedradas con la policía que los reprimió con gases lacrimógenos, la dirigencia anunció que las acciones de protestas continuarán.

Cerca de 40 agrupaciones indígenas y campesinas aglutinadas en el "Movimiento 10 de abril" se oponen a la construcción de las hidroeléctricas Tabasará 1 y 2.

Las agrupaciones campesinas alegan que la ejecución de estos proyectos son un atentado contra la tranquilidad social de los indígenas y campesinos del Río Tabasará, provincia de Chiriquí.

La inquietud nace desde el año 2000 cuando pobladores del área del Río Tabasará procedieron a solicitar a la Defensoría del Pueblo una investigación del estatus y documentos que alegaba disponer el Consorcio Tabasará, S.A., para realizar la obra.

Las investigaciones arrojaron que existía una copia del estudio de impacto ambiental avalado por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), cuyo contenido era desconocido por los moradores e interesados.

Ante este desconocimiento se decidió suspender el proyecto mediante una resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, y a pesar de la posición de la resolución y la posición de la Comisión de Asuntos Indígenas que visitó el área en conflicto, la empresa continúa el plan de ejecutar el proyecto hidroeléctrico.

Por su parte, Pablo Miranda, presidente del comité contra los embalses, sostuvo que aún continúan esperando que las autoridades les devuelvan sanos y salvos a los manifestantes que fueron detenidos por la policía de la provincia de Chiriquí.

Destacó que aún no acuerdan cuales son las próximas acciones que se implementarán, ya que les preocupa principalmente la libertad y salud de los detenidos, por lo que luego de que sean liberados se harán las coordinaciones necesarias para convocar a reuniones y "tomar decisiones".

"Las autoridades incumplen las leyes del país y los acuerdos internacionales, al actuar de la forma en que lo hicieron para disolver la manifestación del pasado sábado, con la utilización de la fuerza", señaló.

Destacó que el pueblo ha sido enfático y claro en manifestar que ante estas adversidades continuará su lucha, ya que las acciones de las autoridades no han sido nada beneficiosas para los intereses de los sectores indígenas.

 

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