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Un grupo de abogados demandó al presidente Hugo Chávez ante la Audiencia Nacional de España por supuestos vínculos con el grupo separatista vasco ETA y crímenes de lesa humanidad, cometidos en los disturbios del pasado 11 abril en los que murieron 19 personas y otras 300 resultaron heridas de bala.
El abogado Alfredo Romero declaró que un grupo de defensores privados, actuando en representación de 6 españoles y 24 venezolanos, demandaron a Chávez y sus colaboradores por supuestos delitos de lesa humanidad, violación de los derechos humanos, terrorismo de Estado y conexiones con miembros del grupo ETA.
Romero dijo a la AP que los 30 demandantes decidieron recurrir a instancias españolas después de nueves meses sin que se profundicen las investigaciones sobre los sucesos ni se cree una Comisión de la Verdad para evaluar los incidentes.
Cuando se activa en este caso el esquema de terrorismo de estado y el esquema de crímenes de lesa humanidad la jurisdicción es universal'', agregó el abogado al justificar la decisión de ir a los tribunales españoles.
Explicó que entre los demandantes están personas que fueron atacadas por miembros de la Guardia Nacional durante una marcha opositora el 3 de diciembre, y un grupo de víctimas de los sucesos del 6 de diciembre ocurridos en la Plaza Francia donde tres personas murieron baleadas.
Romero precisó que hasta la fecha las autoridades venezolanas han desacatado las medidas de protección que ordenó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de las víctimas de los incidentes del 11 de abril.
Entre los demandados figuran también el vicepresidente José Vicente Rangel, un grupo de ministros y congresistas oficialistas, altos oficiales y el fiscal general Isaías Rodríguez.
El vicepresidente desestimó la acción judicial, y señaló que el proceso revela una gran ignorancia de lo que es el derecho''. Rangel declaró a periodistas, durante una visita a una refinería en el oriente del país, que antes de proceder internacionalmente se deben agotar todas las instancias nacionales.
Esta acción se suma a más de una decena de procesos que han iniciado abogados y dirigentes opositores en Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía General para tratar de lograr el enjuiciamiento de Chávez por supuestos hechos de corrupción. |
