En un movimiento sorpresivo y brusco, el Presidente Ricardo Martinelli anunció el cierre definitivo del Fondo de Invesión Social, actualmente sumido en el escándalo de un supuesto fraude millonario de fondos de la entidad, que habría cometido una veintena de diputados.
La reacción inicial de Martinelli cuando se hizo público el polémico informe de auditoría de López Consultores, fue que debía ponerse controles al FIS, pero no cerrarlo.
Aún no está claro qué fue lo que le hizo cambiar de opinión la noche del lunes, pero la realidad con que hay que lidiar en estos momentos es que los planes del Presidente son cerrar para siempre la entidad en 6 meses, y reemplazarla con "una institución transparente que cuente con todas las regulaciones y controles necesarios para cuidar del dinero del pueblo panameño".
De hecho, lo importante no es tanto el cierre del FIS, sino dos cosas: primero que la Contraloría esclarezca lo planteado en la auditoría privada, y que si descubre que efectivamente varios diputados se robaron los dineros del pueblo en la última década, la justicia juzgue y castigue a los culpables.
Segundo, que las obras sociales del gobierno se ejecuten de forma transparente, sin importar cómo se llame la entidad que el Presidente se decida a crear. Es intolerable que proyectos que le son planteados a comunidades humildes luego se esfumen antes tan siquiera de que se haya colocado la primera piedra. Eso es una burla que debe castigarse con la cárcel.
Las obras dirigidas al pueblo no deben estar asociadas a la promoción de ninguna figura del gobierno.
