La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha corrido traslado al gobierno panameño, sobre el estudio socioeconómico presentado por los familiares de 111 desaparecidos durante la dictadura militar, que reclaman una indemnización.
Ya durante la administración arnulfista se acordó llegar a un arreglo amigable en torno a las reclamaciones, pero tras el cambio del gobierno, las negociaciones no han logrado los avances significativos.
Es de justicia que el actual gobierno -sobre todo por las implicaciones históricas- atienda con prontitud esta situación a través de la Cancillería y de su representación ante la Organización de Estados Americanos.
Por años se mantuvo en el oscurantismo la suerte de muchos adversarios del régimen surgido tras el golpe militar de 1968 y no fue hasta las investigaciones desarrolladas por la Comisión de la Verdad, que se lograron avances.
En muchos procesos que involucra a personas desaparecidas, todavía existe un misterio, porque entre los militares ha imperado un código de silencio, que ha impedido conocer la suerte que corrieron muchos opositores.
Dilatar la solución a esas reclamaciones, sería profundizar las heridas de familiares que ya han tenido suficiente sufrimiento.