Más de 11 años después de ser derogada la Sala Quinta de Garantías Constitucionales, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la ley 49 de 24 de octubre de 1999.
La Sala Quinta fue creada en los meses finales de la administración del mandatario Ernesto Pérez Balladares para resolver los recursos de Habeas Corpus, Amparos de Garantías y autorizar las intercepciones telefónicas. Luego la presidenta Mireya Moscoso promovió la derogatoria a través de la Ley 49.
Independientemente del fallo, es cuestionable que nuestra máxima corporación se tomara una década para decidir. No se puede cuestionar la morosidad de los tribunales inferiores, cuando la máxima instancia judicial demora 10 años en decidir un caso.
No obstante, más que una u otra Sala, lo importante es contar con una Corte que no sea dependiente de ningún otro órgano del Estado.
A ese fallo derogatorio de la Corte, hay que sumarle ahora el proyecto para la creación de una Sala Constitucional, que puede morir en su cuna, porque ésta abordaría aspectos asignados al conocimiento de la restituida Sala Quinta.
La Sala Quinta surgió como una propuesta para reducir la mora judicial y el hacinamiento carcelario, pero más importante es la calidad de la justicia penal.
La justicia debe gozar de absoluta independencia y en el ejercicio de ella no se deben aceptar imposiciones ni conceder favores, eso es lo fundamental, y así lo deben entender los funcionarios del Organo Judicial, gobernantes, políticos y la sociedad.