Diez años le tomó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia declarar la inconstitucionalidad de la derogación de la Sala V.
En julio de 1999, el entonces mandatario Ernesto Pérez Balladares promovió la Ley 32, que creaba la Sala V para conocer los casos de hábeas corpus, amparo de garantías y autorizar las intervenciones telefónicas.
Sin embargo, el gobierno de la presidenta Mireya Moscoso derogó en octubre de ese mismo año la Sala V a través de la Ley 49 de 1999.
Según el magistrado Alejandro Moncada, todo fue "una intromisión del Órgano Legislativo al entrar a derogar una sala en la Corte Suprema... La Asamblea Legislativa en ningún lado de la Constitución establece que debe derogar una sala de la Corte Suprema de Justicia".
Esto fue calificado por los magistrados como una intromisión por parte de los legisladores, quienes se excedieron en sus atribuciones constitucionales, puesto que están autorizados para expedir, modificar, reformar o derogar los Códigos Nacionales, no así para derogar una Sala de la Corte Suprema de Justicia.
Los magistrados de la Sala V eran Óscar Ceville, Mariblanca Staff y Elitza Cedeño.