La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ordenó la restitución del detective de la Policía Técnica Judicial, Juan Antonio Pérez González, y que se le paguen todos los derechos y prestaciones legales y salariales correspondientes.
Un documento judicial explicó que la Corte declaró ilegal una resolución del 31 de enero del 2006 y su acto confirmatorio contenido en la resolución del 13 de febrero de ese mismo año, dictadas por la PTJ a través del Director General, con la cual se destituía a Pérez González, detective III de la citada institución.
Pérez González fue acusado por la señora Rosa Barrera-quien nunca negó la existencia de una relación sentimental con Pérez-por supuestamente haberle cobrado dinero por mantener a su padre detenido en las instalaciones de la PTJ, "conducta que interpreta como una evidente intención de venganza de parte de ella hacia su persona".
La Resolución señala que las situaciones entre Barrera y Pérez, no han sido probadas, por lo que no hay suficientes elementos para destituir a Pérez.
La Sala también concluyó que la actuación administrativa de la PTJ no se ajustó al debido proceso legal administrativo, dando lugar a que se lesionaran los derechos de Pérez.
