Los fiscales de los 15 condados de Arizona acordaron el miércoles que no llevarán a la corte, sino hasta el 1 de marzo, demandas basadas en la nueva ley estatal de sanciones a empleadores.
Aunque los fiscales habían acordado previamente esperar hasta el 1 de febrero para llevar casos a corte, cambiaron de opinión a fin de dar a un juez federal el tiempo adecuado para fallar sobre una apelación a la ley, que prohibe que los comercios contraten a indocumentados a sabiendas. El trato también procura dar tiempo a la gente involucrada en la demanda para que apele el fallo.
El juez federal de distrito Neil Wake, quien trabaja para emitir un fallo final antes de febrero, escuchó el miércoles argumentos de ambos lados sobre por qué debería o no desestimar la ley.
Las organizaciones comerciales que presentaron la demanda sostuvieron que la ley era una medida anticonstitucional de parte del estado para regular la inmigración.
Abogados estatales y de los condados argumentan que el estado tienen fundamentos sólidos para intentar castigar a los negocios que contraten a inmigrantes indocumentados.
Pero abogados de organizaciones de negocios indican que la ley no tiene las protecciones de proceso legal y no ofrece a los empleadores la oportunidad de apelar luego que se descubra que un trabajador no tiene el derecho de laborar en Estados Unidos.
La ley requiere que los negocios revisen si los solicitantes de trabajo tienen el derecho de trabajar legalmente a través de una base de datos federal.
Otro asunto no resuelto es si la ley se aplica a todos los trabajadores en planilla de un negocio o sólo a aquellos contratados luego de que la medida entró en vigor ese mes.
LEYES
El catálogo de leyes que buscan terminar con la inmigración ilegal va desde impedirles rentar espacios para vivir y comprar automóviles usados, hasta ampliar las facultades de las policías locales para aplicar las leyes migratorias federales.
A nivel estatal, de las 15 leyes propuestas, siete han sido aprobadas, dos ya están en vigor, otras dos fueron rechazadas y cuatro más están pendientes de resolución.
Entre las que más afectan a los inmigrantes destacan la Legal Arizona Workers Act, vigente desde el 1 de enero de este año, y la llamada International Remittances of Monies, que permitía confiscar remesas en caso de sospechar lavado de dinero.De esa forma, Arizona se ha convertido en un lugar de particular hostilidad para los inmigrantes cualquier país.
