El hispano Alberto Gonzales, designado por el presidente George W. Bush como fiscal general de Estados Unidos (ministro de Justicia), condenó la tortura y aseguró respetar las Convenciones de Ginebra, en la audiencia de ratificación en el Senado.
Gonzales, consejero jurídico de la Casa Blanca e íntimo amigo de Bush, dijo que "comparte la determinación (del presidente) de que la tortura y los abusos no serán tolerados por esta administración", agregó.
La designación de González provocó una oleada de críticas. Los opositores de Gonzales argumentan que su concepto de que la Convención de Ginebra sobre el tratamiento de los prisioneros de guerra no se aplica a los sospechosos de terrorismo llevó a que se cometieran violaciones a los derechos humanos como aquellas que salieron a la luz en la cárcel Abu Ghraib en Irak.
