El Estado panameño está en deuda en materia de derechos humanos al no dar fiel cumplimiento a una de las sentencias de condena emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también podría estar cerca de una nueva sanción de condena al mantener un sistema carcelario en condiciones infrahumanas.
Esas consideraciones fueron dadas a conocer por Marcela Martino y Gisela De León, representantes del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organismo que representa a la familia Portugal y al ecuatoriano Jesús Velez Loor, quien interpuso una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) donde un informe a revelado la violación de sus derechos humanos.
Martino explicó que aún quedan obligaciones pendientes que debe cumplir el actual gobierno con la condena del caso Portugal, donde todavía no se ha dado el tratamiento psicológico ni médico exigido para las víctimas, como tampoco las modificaciones sobre el tema de la tortura a nivel penal, no se ha brindado información sobre el proceso penal del caso Portugal que investiga el Ministerio Público y la deuda pendiente con los casos documentados por la Comisión de la Verdad para una reparación a las víctimas.
Sobre el caso del ecuatoriano Jesús Velez Loor, quien fue detenido en la frontera de Darién con Colombia en noviembre de 2002, y asegura haber sido objeto de torturas y malos tratos, las abogadas de CEJIL realizaron una visita a los centros carcelarios de La Palma, en Darién, y a La Joyita, donde estuvo detenido el extranjero.
Aseguraron que observaron las faltas de condiciones mínimas, sin ventilación, infrahumanos y el evidente hacinamiento.
Para CEJIL este caso podría llevar a una nueva condena al Estado panameño.
Aún queda pendiente el cumplimiento de la sentencia de condena contra el Estado panameño, donde debe ser reparado económicamente el abogado Santander Tristán Donoso, y que la condena proferida en su contra en los tribunales panameños debe ser borrada del historial penal como lo establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El plazo dado al gobierno vence el próximo año.
