Cuando el gobierno naufraga en materia de seguridad, en vez de reforzar las acciones para prevenir y reprimir el crimen, se revela la destitución de 30 funcionarios del Consejo de Seguridad, el aparato de inteligencia al servicio de la Presidencia de la República.
Las versiones de la defensa de lo afectados revelan que eran funcionarios operativos de entre 15 y 20 años de labores con entrenamiento especializado en diversos países e involucrados en labores de inteligencia de casos de alto perfil.
A este despido habrá que sumarle la destitución de otra treintena de detectives de la Dirección de Investigación Judicial hace un par de meses.
Con una nación que registra un asesinato cada 11 horas y donde una gran cantidad de casos nunca se resuelven, es preocupante lo que viene sucediendo. El poco personal capacitado con que se cuenta, no puede ser desechado de la noche a la mañana, a menos que exista una causal justificada.
En materia de investigación no se puede improvisar ni pretender reciclar funcionarios que en materia de inteligencia, fueron formados en otras épocas diferentes a la que vive Panamá y el mundo.
Lo que sucede hace vislumbrar que la situación en cuanto a la criminalidad no mejorará en corto tiempo, sino que más bien habrá una tendencia a recrudecer, con el agravante de que no habrá personal capacitado para investigar esos casos.