El gobierno panameño ha dado un importante paso al derogar la ley número 44 que ampliaba las fronteras de la cuenca del Canal, como iniciativa para garantizar los embalses a través de la construcción de las llamadas tinas que permitirán la retención del agua ante la futura ampliación de la vía interoceánica.
Con esta medida se evita que 213 mil hectáreas sean anegadas con la subsiguiente desaparición de poblados enteros, así como de la fauna y la flora del lugar lo que dejaría sin protección a los bosques, a su vez elementos indispensables del ecosistema para la producción de agua.
De esta manera la cuenca vuelve a tener sus dimensiones originales calculadas en 340 mil hectáreas. Sin embargo, ha llegado el momento de vislumbrar el futuro de este territorio desde otra óptica ya que no pueden permanecer en las actuales condiciones.
Los responsables de la producción del agua de este perímetro canalero son quienes siempre han vivido allí, en las faldas de la cordillera sin ningún tipo de retribución por su loable labor; sin ellos no existiría agua para el consumo humano ni para el uso en la franja canalera.
La lucha iniciada desde 1999, año en que se promulgó esta ley, debe continuar para exigir el pago por los servicios prestados de seguridad ambiental y la aplicación de programas de educación, salud y desarrollo agropecuario que permita a estos panameños recibir lo que se merecen e inclusive, lo que se les adeuda por su actividad protectora del entorno.
Estos son sectores de la población sumidos en la extrema pobreza y no puede ser que la incapacidad de nuestras instituciones impidan la ejecución de programas para impulsar el sector agrícola donde se han podido intercalar ejercicios productivos de rubros como melón, maíz y sandía, entre otros, utilizados para el consumo doméstico y en algún menor porcentaje para el mercado local.
Otra actividad que podría llevarse a cabo en esta zona es la siembra de árboles como el caucho, que genera una resina utilizada como materia prima para la fabricación del hule.
Tampoco debe ser descartada la producción de madera para la construcción y la industria del mueble. Para tener tan solo una idea debe señalarse que un vivero de mil hectáreas podría generar unos 200 empleos.
La derogación de esta norma legal por parte del gobierno del presidente Martín Torrijos, con la aprobación de la Asamblea Nacional de Diputados es un excelente mensaje al mundo, pero debe ser complementada con políticas de conservación que permitan la supervivencia de los campesinos que habitan esta región de la cuenca del canal de Panamá sus verdaderos protectores.
