El paro del transporte colectivo, aunque fue acatado parcialmente, afectó el desenvolvimiento comercial y las labores educativas, en algunos sectores del país.
Al final de la jornada, los usuarios fueron los únicos afectados por una situación en la que ellos no tienen parte. Los dueños de autobuses decidieron suspender el servicio, exigiendo un subsidio para reducir el precio de la gasolina y diesel.
Una medida de esa índole representa un sacrificio presupuestario de casi 40 millones de balboas. Las finanzas del Estado no son las mejores. Ya hace poco se adoptó una contención del gasto público para evitar dejarle un país en déficit excesivo al gobierno entrante.
Los transportistas deben analizar la situación y levantar la paralización. Si bien es cierto que el combustible está por los nubes, la realidad es que se trata de un problema exógeno. No somos un país productor de petróleo y estamos a la merced de la OPEP.
Además hay una realidad, los transportistas viven del día a día y deben rodar para lograr ingresos, con el fin de hacerle frente a sus compromisos con los bancos.
Aparte de eso, aunque los usuarios se las ingenian para trasladarse de un lugar a otro, el transportarse de un sector a otro durante un período de paralización de los autobuses, genera gastos adicionales para los pasajeros que deben recurrir a varios trasbordo para llegar a su destino.
Lo que se impone ahora es el diálogo, porque la salida que se adopte puede afectar las finanzas públicas. Sería fácil para la actual administración resolver el problema aprobando el subsidio, para que el próximo gobierno resuelva luego la crisis que tendría en las finanzas, pero esa sería una salida irresponsable.