La industria del turismo en Panamá genera grandes sumas de dinero a la economía nacional anualmente, y crea muchas plazas de trabajo, de lo que se infiere que la misma debiera gozar del aprecio de los panameños, de modo que nuestros principales recursos naturales con vocación turística y únicos en el mundo, sean protegidos y considerados un bien nacional, y no patrimonio de enriquecimiento para unos cuantos aprovechados.
Me llama la atención una denuncia formulada por un representante de corregimiento en la Costa Abajo de Colón, donde pone al descubierto, por un lado, la extracción de arena en las playas de Palmas Bellas, y por el otro, la íntima e irrisoria suma de dinero pagada por la compañía explotadora al Fisco.
Esas concesiones no son más que contratos leoninos, donde altos personeros gubernamentales ponen a disposición de empresas comerciales extensas áreas ricas en mineral pétreo. En este caso se habla de un contrato por diez años, donde el Estado otorga el derecho para sustraer arena y otros materiales en un globo de 500 hectáreas a razón de 2 dólares por hectárea anuales.
Lo más cuestionable de esta práctica es que, la aprobación de este tipo de contrataciones recae sobre una sola persona, y no en un equipo interdisciplinario capaz de evaluar con carácter científico y estrictamente comercial, desde el punto de vista turístico, la decisión a tomar.
Estoy seguro que si el bien otorgado fuera propiedad del ministro o la autoridad firmante, no sería entregado al concesionario a cambio de tan poco dinero, de allí que el denunciante pregunta, �hubo algún pago para obtener este contrato tan ventajoso para una empresa?
Darle una respuesta al país es responsabilidad de quien aprobó la concesión, para que no se siga hablando de corrupción hasta en la arena.
