Las denuncias contra los candidatos Balbina Herrera, Roberto Velásquez y Ricardo Martinelli por la presunta vinculación con el hoy convicto David Murcia Guzmán, no prosperaron, debido a que no se pudo acreditar ningún delito, confirmó la procuradora Ana Matilde Gómez.
En el caso donde fue denunciado Martinelli por la comercialización de bonos en el Super 99 con DMG, Gómez explicó que detectaron sólo actividades de comercio.
Por su parte, en la supuesta donación realizada por Murcia de B/6 millones a la campaña del PRD, la investigación encontró que no existe ninguna relación de los donantes que aparecen registrados en el Tribunal Electoral con las 130 sociedades constituidas que se relacionan al dueño de DMG.
"Es imposible para el sistema penal, por la forma en que está diseñado el proceso electoral, determinar (el origen de) aquellas donaciones que no hayan querido ser declaradas o incluidas" por los candidatos en la investigación, expresó la funcionaria.
"La lección que nos deja a todos es que la legislación electoral necesita ser modificada y ponerse a tono con el sistema financiero con el que estamos. Tiene que haber una legislación electoral que permita una fiscalización adecuada y verificación oportuna de transacciones que han entrado, que pudieran en su momento dado ser llevadas a la jurisdicción penal, porque no habrá una buena persecución criminal, si no hay una buena fiscalización anterior", manifestó Gómez.
Ahora le corresponderá a una fiscalía, a la que se le asigne el expediente, determinar en la vista fiscal el archivo o suspensión provisional del proceso, que debe ser remitido posteriormente a un tribunal.
La procuradora había solicitado al Tribunal Electoral la suspensión del fuero para investigar a los candidatos, pero adujo que en el proceso no ha sido descubierta irregularidad alguna.
Gómez aclaró que en la revisión de la lista de donantes privados, las autoridades no pudieron comprobar que Herrera haya recibido dinero de Murcia.
La legislación electoral vigente no le impone a los candidatos en Panamá la obligación de revelar la lista de sus donantes, hasta 60 días después de las elecciones, previstas para el 3 de mayo.