La supuesta infiltración de dinero del colombiano David Murcia Guzmán en la política panameña seguirá, al menos por ahora, como un misterio. La procuradora Ana Matilde Gómez alegó que en lista de donantes de Balbina Herrera y Roberto Velásquez, no figuraba el hoy convicto dueño de la pirámide "DMG". No se pudo revisar el listado de donaciones de Ricardo Martinelli, porque la ley establece que éste debe revelarla 60 días después de las elecciones.
En sus declaraciones, la jefa del Ministerio Público le tiró la bola al Tribunal Electoral, para que reformule el tema de las donaciones en efectivo que puedan recibir los candidatos a cargos de elección.
Con la decisión de la Procuraduría queda un sabor amargo. Si Murcia no quiso ratificar sus denuncias sobre la presunta donación de seis millones de dólares a la campaña del oficialismo, había que agotar otros recursos para esclarecer si lo dicho era verdad o era la fabricación de mitómano. En el otro lado, también había que confirmar lo afirmado por la candidata del PRD contra su adversario opositor.
Las declaraciones de Murcia y las contraacusaciones posteriores minaron la credibilidad de la actual campaña pol�tica y además ponen al descubierto la necesidad de la revisión de las sanciones administrativas que contempla el Tribunal Electoral a los que reciban dinero sucio o de fuentes extranjeras para financiar una campaña. Pagar apenas 25 mil dólares como multa, parece algo ridículo.
Lo cierto es que aunque en Panamá se archive este caso, tarde o temprano, ya sea en Colombia o Estados Unidos, saldrán nuevas evidencias en torno a los nexos de Murcia con la política panameña y si alguien recibió dinero de él será como quien tiene un esqueleto escondido en el closet.