El defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, advirtió ayer que la forma como se quiere encausar a la procuradora Ana Matilde Gómez genera expectativas en la sociedad panameña y en la propia administración de justicia, por lo que exigió un proceso oportuno, justo y en donde se cumplan con las garantías constitucionales.
Vargas aseguró que el encausamiento de un funcionario de alta envestidura demanda por la propia salud del sistema de justicia, un proceso oportuno que brinde suficientes y plenas garantías para que, en apego a estricto derecho y alejado de cualquier otra pretensión, se resuelva la situación planteada.
El Defensor dijo que frente al panorama que plantea la separación de Gómez, y como en todos los casos que son sometidos al rigor de una investigación de autoridad competente por la presunta comisión de un hecho punible, se debe asegurar el debido proceso, amparadas por las leyes y los instrumentos internacionales de derechos humanos.