Gobierno chileno expone a ONU posición sobre Pinochet

Chile
EFE

El Gobierno chileno expuso a las Naciones Unidas sus puntos de vista respecto de la detención del general Augusto Pinochet en Londres, e instó a la comunidad internacional a resistir intentos como los de España de aplicar extraterritorialmente sus leyes nacionales.

En una carta dirigida al secretario general de la ONU, Kofi Anan, firmada por el ministro de Relaciones Exteriores, José Miguel Insulza, el Gobierno de Santiago advierte, asimismo, sobre el peligro "de que los Estados más poderosos sean justicieros de los más débiles".

La misiva forma parte de las medidas anunciadas por el Gobierno tras la decisión del ministro británico del Interior, Jack Straw, de dar luz verde al juicio de extradición de Pinochet a España, y su contenido, que no ha sido informado oficialmente, fue difundido hoy por el diario "El Mercurio", de Santiago.

Esas medidas gubernamentales incluían, además, la suspensión de las visitas oficiales a España y el Reino Unido, la llamada a Santiago del embajador en Londres, Mario Artaza, la reducción de los vínculos militares con ambos países europeos y la suspensión de los vuelos de aerolíneas chilenas a las islas Malvinas.

El general Pinochet fue detenido el pasado 16 de octubre en Londres petición del juez español Baltasar Garzón, que solicitó la extradición del ex dictador chileno y lo procesó por delitos de genocidio, terrorismo y torturas.

El Gobierno chileno reclama que sea dejado en libertad el ex gobernante (1973-1990) sobre la base de la territorialidad de la justicia y la inmunidad diplomática del senador vitalicio.

La carta a Annan afirma que la tendencia a la universalización de la justicia y los derechos humanos "no puede llevarse a cabo en detrimento de la soberanía de los Estados y su igualdad jurídica".

"De vulnerarse estos principios con acciones unilaterales, la universalidad de la jurisdicción se convertiría en un factor de anarquía internacional, que permitiría a los Estados más poderosos arrogarse la facultad de ser, selectivamente, justicieros de los más débiles", añade.

"La comunidad internacional no puede aceptar esta situación", sostiene la misiva, en la que el Gobierno de Chile pide al secretario general de la ONU que difunda a los miembros del sistema multilateral los fundamentos de la postura que ha sostenido en el caso Pinochet.

Asimismo, plantea que el intento de juzgar a Pinochet fuera de Chile produce serias perturbaciones en el proceso de transición democrática y de reconciliación nacional.

En ese sentido, puntualiza que la mayoría de los chilenos está convencida de que la convivencia democrática y el desarrollo del país están íntimamente ligados a su capacidad de cerrar heridas del pasado y lograr por sí mismos la reconciliación nacional, "lo que no pasa por saltarse la administración de justicia", agrega.

Sobre este punto, la carta admite que "es indispensable investigar los asuntos aún pendientes, especialmente los casos de personas desaparecidas en la década de los años setenta, haciendo justicia en el marco de nuestro ordenamiento jurídico".

La misiva también recuerda a Kofi Annan que desde la recuperación de la democracia, en 1990, Chile ha apoyado el fortalecimiento de la protección internacional de los derechos humanos, y que ha sido uno de los más activos defensores de la creación del Tribunal Penal Internacional (TPI).

"Chile tiene interés en que esta Corte pueda constituirse y ejercer sus funciones en el más breve plazo. Por ello, le preocupa que Estados, actuando individualmente, pretendan usurpar sus competencias, lo que conspira contra el objeto y fin de sus estatutos", sostiene.

Tras citar párrafos de la Carta de la ONU sobre la soberanía de los Estados y principios de Derecho Internacional referidos a la amistad y cooperación, el Gobierno chileno insiste en que no corresponde que los tribunales españoles quieran hacer justicia respecto de hechos ocurridos en Chile.

 

 

 

 

 




 

En una carta dirigida al secretario general de la ONU, Kofi Anan, firmada por el ministro de Relaciones Exteriores, José Miguel Insulza, el Gobierno de Santiago advierte, asimismo, sobre el peligro "de que los Estados más poderosos sean justicieros de los más débiles".

 

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