Las últimas cuatro décadas pasadas han tenido un impacto negativo sobre los recursos hídricos en el territorio nacional, al punto que torrentosos ríos y quebradas mermaron sus cauces, debido al proceso acelerado de erosión de los suelos circundantes a las cuencas, y a la practica de arrojar basura y desechos industriales en los lechos ribereños.
Aunque parezca increíble, las consecuencias de tales prácticas ya comenzaron a revertir en la población que está pagando un precio alto por su indolencia y poco importa en perjuicio de los recursos naturales. La catástrofe ocurrida en las tierras bajas de Panamá Este, en septiembre, es un mensaje claro y una advertencia que nos está enviando, todavía a tiempo, la naturaleza. Si la población no corrige su comportamiento en esta materia, un día los daños serán irreversibles y los costos todavía más elevados.
Los urbanistas, industriales y productores agrícolas no han entendido que existe un pacto entre los diferentes componentes de un entorno natural, forjado a través de siglos, que, cuando se le violenta, responde con furia destructora.
El conjunto de instituciones públicas responsables de preservar los ríos, demostraron ser ineficaces por la falta de políticas claras que ayuden a lograr con éxito el manejo de un recurso tan vital como el agua.
Faltan iniciativas novedosas que involucren a la población en el proceso de cuidado y conservación de las fuentes productoras del vital líquido.
Así, se me ocurre que, al igual que en años anteriores, cuando se lanzó una campaña bajo el sugestivo título de Adopta Tu Hectárea, para proteger los bosques, ahora se podría abordar una iniciativa similar, poniendo en manos de empresas privadas, Organizaciones no Gubernamentales (OGNs), clubes ambientalistas, sociedades vecinales, grupos de turismo ecológico y círculos de estudios científicos, los ríos, quebradas y cuencas hidrográficas, confiándoles el cuidado, la protección y usufructo de estos bienes, a cambio de un manejo sostenible de los mismos.
Estos grupos adquirirían en concesión, el curso de los ríos y áreas circundantes, para actividades turísticas, forestales, plantaciones frutales y cría de animales silvestres, cuidando de no degradar los suelos aledaños y evitando la erosión.
Para ello, es urgente reformar la ley que establece en tres metros la servidumbre a orilla de los ríos, extendiéndola a cien metros, como se plantea en el Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano, por ejemplo.
