La polémica gira en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de trasladar funciones de investigación judicial a la Policía Nacional.
En el informe de mayoría, los diputados del PRD concluyen que lejos de ser funciones incompatibles, la nueva normativa propuesta vendría a constituirse en una herramienta de optimización y potenciación de la labor que desarrolla los órganos de seguridad del Estado que tienen contacto primario con el hecho delictivo.
El oficialismo sostiene que la facultad constitucional de perseguir el delito otorgada al Ministerio Público es procesal y consiste en el ejercicio de la acción penal ante el Órgano Judicial. Señala el análisis legal de los Comisionados de Gobierno de la Asamblea que la facultad de investigar se la ha otorgado la ley, por lo que la tarea de perseguir el delito no está constitucionalmente reservada al Ministerio Público, pues la Policía Nacional y las autoridades de Policía están facultadas para realizar investigaciones.
