Incentivos fiscales recibirán empresarios que contraten personas privadas de libertad, de acuerdo al proyecto de Ley 29, que analizan los diputados de la Comisión de Derechos Humanos, señaló el diputado Rogelio Paredes.
Paredes indicó que la iniciativa busca establecer una actividad productiva, ya que las empresas que instalen sus negocios en el perímetro de la cárcel obtendrán un producto final a bajo costo.
