Un 10% de las utilidades de las empresas en Panamá son destinadas al pago de sobornos a funcionarios del gobierno, según reveló un estudio de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) y USAID sobre Deficiencias y Corrupción en el Sistema de Justicia y el Estado de Derecho.
El estudio, sustentado por una encuesta a empresarios del país, señala que "en los dos últimos años, la corrupción en las instituciones públicas ha empeorado", agregando que en las contrataciones públicas competidores pagan "subrepticiamente más del 10% del total del contrato para que se les adjudique.
El Órgano Judicial, el Ministerio Público y la Contraloría sufren de ausencia de credibilidad, y son percibidos como una fuente de corrupción e ineficiencia.
Además, los encuestados señalaron que existe una falta de capacidad o voluntad por parte de la clase política para eliminar la corrupción.
Como aspecto positivo fue considerada la derogación por parte del actual gobierno de la reglamentación a la Ley de Transparencia, así como la adopción de una postura anticorrupción y el inicio de auditorías en todos los ministerios y entidades del Estado.
Enrique de Obarrio, Presidente de APEDE, indicó que para que el país y el sector privado sean más competitivos, hay que impulsar el fortalecimiento de las instituciones públicas, la seguridad jurídica y la aplicación imparcial de la Ley.
"La punta de lanza de la lucha contra la corrupción deben ser la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público", dijo.