Gobernadores, alcaldes y concejales están en la mira de la justicia por sus nexos con los grupos paramilitares de extrema derecha, que han utilizado la política como una plataforma para extender su control sobre amplias zonas de Colombia.
El más reciente episodio afloró el sábado pasado, cuando un canal de televisión divulgó un vídeo donde el gobernador del Casanare, una rica provincia petrolera y ganadera, aparecía recibiendo dinero de un jefe paramilitar para financiar su campaña electoral de 2003.
El gobernador Miguel Angel Pérez afirmó que devolvió el dinero, estimado en 500 millones de pesos (unos 200.000 dólares), tras ser informado que había sido filmado para garantizar que cumpliría un pacto de entregar el 50% de la burocracia del departamento y el 50% de los contratos al grupo paramilitar. "No acepté el chantaje", dijo el gobernador .
El Procurador General, Edgardo Maya, anunció la apertura de una investigación contra Pérez.
Para la oposición de izquierda, hay pocas esperanzas de éxito del proceso de paz con los paramilitares, que debe concluir el 31 de diciembre de 2005 con la desmovilización de más de 13.000 combatientes y que se está dando progresivamente.
