Una querella contra el ex dictador Augusto Pinochet abrirá en Chile una ofensiva judicial que busca castigar a los responsables de las torturas durante el régimen militar.
La acción legal partirá con el nombre de Augusto Pinochet y desglosará el papel que cumplieron en los hechos los militares y los civiles que colaboraron con el régimen, precisaron a los periodistas los abogados Alfredo Morgado, Hugo Gutiérrez y Roberto Dávila.
La ofensiva, explicaron, se basa en los datos contenidos en el informe sobre prisión política y tortura difundido el pasado domingo por el presidente Ricardo Lagos, que reconoció a 27,255 personas como víctimas de tormentos durante la dictadura (1973-1990).
El texto, que ha causado un profundo impacto por la crudeza de los testimonios de los torturados, concluye que la tortura obedeció a una política de Estado durante el régimen militar.
Según los abogados, ese reconocimiento oficial de que la tortura fue una política institucional del Estado da pie para la persecución penal de los responsables.
Por esta razón, la Corporación de Defensa de los Derechos del Pueblo anunció que publicará una lista de 400 torturadores.
