Dentro de pocos días el Juzgado Cuarto Penal decidirá si abre causa criminal o no contra 17 personas, acusadas por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita para delinquir.
Este proceso penal tiene su génesis con el informe de inteligencia policial relacionado con la Operación "J", donde se señala al colombiano Byron Fredy Rangel, cabecilla de una organización criminal internacional, que se dedicaba a abrir pistas clandestinas en diversos puntos de Panamá para traficar drogas.
Ese informe motiva un operativo de vigilancia y seguimiento el 21 de noviembre de 2003, en el cual se detuvo a varias personas y se incautó una aeronave que ingresó al país de manera ilegal, en una pista clandestina en Boca Chica, Horconcito, provincia de Chiriquí, la cual tenía rastros de cocaína.
El abogado Carlos Herrera Morán, en su alegato de conclusión, cuestionó la justicia selectiva con se manejó el proceso por la Fiscalía de Drogas, cuando se determinó dentro del expediente que la finca en Horconcito era propiedad de un comerciante, quien admitió que se le había vendido a Byron Rangel, por más de medio millón de dólares y tenía conocimiento de la presencia de la avioneta antes mencionada, en ese lugar, pero no fue vinculado al expediente.
