Un fallo de la Corte Suprema de Justicia sirvió de base para que la trasnacional Cable and Wireless suspendiera a los diputados el servicio de telefonía fija que se enmarcaba dentro de las llamadas "franquicias" telefónicas.
En síntesis, el fallo de la Corte establece que el Estado no puede asumir los costos de ningún tipo de franquicia, por lo que opina que los costos del servicio deben ser cubiertos al 100% por la empresa prestadora del servicio.
Para el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el fallo de la Corte es claro y es del criterio que el Estado no asumirá los costos de las franquicias, señaladas dentro del reglamento orgánico de la Asamblea.
El corte del servicio de telefonía fija aplica para todos los diputados de nuevo periodo y los reelectos el pasado 3 de mayo, confirmó una fuente.
Extraoficialmente se conoció que el MEF-Asamblea mantiene con la telefónica C and W una deuda cercana a los $200 mil por minutos excedentes de los diputados en el uso de las franquicias para teléfonos fijos. La deuda es de arrastres.
Una franquicia telefónica es una prerrogativa a la que tienen derecho los diputados para contar mensualmente con minutos de llamadas que pueden ser fragmentados en las oficinas o centros políticos de los parlamentarios para uso de sus electores o para gestiones administrativas relacionadas a la Asamblea.
"Sobre este tema se mantiene una negociación apretada", destacó la fuente.
El criterio de la trasnacional es que no están dispuestos a asumir los costos de las franquicias telefónicas, cuando en el mercado hay otros operadores del servicio a quienes no se les exige que asuman de forma equiparada dichos costos.
El texto del pleno de la Corte señala que para que los diputados puedan seguir teniendo derecho al uso de dicha prerrogativa con cargo al Estado, el término franquicia debe cambiar por otra figura legal que no entre con contradicción con la Constitución.