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En otro hecho que demuestra la falta de sensibilidad hacia sus propios conciudadanos, el gobierno arnulfista actual ha propuesto a una jurista extranjera, de origen costarricense, para ocupar un alto puesto como magistrada en el Tribunal Penal Internacional (TPI), organismo que estudia los casos de lesa humanidad y que afectan a civiles en hechos de conflicto graves.
La señora Elizabeth Odio merece mucho reconocimiento por sus ejecutorias y trayectoria, es algo que no podemos dudar, pero lo que a los panameños no nos cabe en la cabeza es que habiendo tantos buenos juristas, en especial grandes expertos en la rama del Derecho Internacional, se le vaya a ocurrir a la presidenta Mireya Moscoso y a su flamante canciller, José Miguel Alemán, postular a una "tica", en vez de a un abogado local.
Sólo menciono dos nombres que muy bien pudo el gobierno postular para semejante cargo jurídico internacional, en vez de la tica. Miguel Antonio Bernal y Julio Berríos. Estas dos figuras han hecho muchos aportes en la defensa de los derechos civiles y conocen muy bien la definición de las ramas del Derecho Internacional Público y el Derecho Internacional Privado. Son excelentes políticos. Empero, a los dos les falta algo que les hubiera facilitado la postulación de Mireya: "NO SON ARNULFISTAS".
Es que la actual administración gubernamental no tiene siquiera reparo en respetar a nuestro país. En plena celebración del mes de las efemérides patrias se le ocurre a la Cancillería hacer la postulación de una jurista tica, como si nos hubiéramos olvidado de la Guerra de Coto o de la pérdida de terreno frente a la entrada de miles de extranjeros para ocupar jugosos puestos de trabajo, tanto en las entidades públicas como empresas privadas.
Ya lo decía José Alberto Álvarez, uno de los dirigentes de los gremios de abogados, quien cuestionó fuertemente la decisión presidencial. "No es posible que ni siquiera se haya acudido a buscar una nómina de juristas a los colegios de abogados para que se hubiera postulado a un candidato panameño", decía Álvarez, mientras que también recalcó que la vía de la nominación de la tica ha sido al revés: La Cancillería propone y golpea primero y luego pregunta a los abogados.
También vale la pena cuestionar lo oneroso que será para Panamá hacer la postulación de la señora Odio al TPI: Se estima que un país deberá pagar entre 10 a 100 millones de dólares en hacer la gestión de la propuesta de magistrado para la entidad judicial internacional. ¿Es que acaso hay en Panamá tanta plata para gastarla en esa postulación o que sea tan sensitiva hacer semejante esfuerzo?
Ojalá los panameños recuerden este hecho funesto cuando vengan las elecciones generales en el 2004. Será allí cuando debemos reflejar nuestro repudio a estas acciones, pues ya sabemos que la señora Odio será nominada, por capricho de alguien, y no por sus propios méritos. |
