La Fiscalía Auxiliar abrió una investigación contra directivos de la empresa Grupo Comercial Medicom, que supuestamente entregó al Laboratorio de Medicamentos de la Caja de Seguro Social (CSS), 46 barriles de una materia prima contaminada con dietileneglycol.
La compra de ese producto fue hecha en julio de 2003 durante la administración del Dr. Juan Jované, pero fue entregada con posterioridad a su salida y se utilizó tres años después.
El director actual de la CSS, René Luciani reveló que el expediente de la licitación parece estar "limpio": participaron tres empresas y la compañía cuestionada ofreció el precio más bajo.
La sociedad fue creada en octubre del año 2000. El abogado que la constituyó y hoy Notario suplente, Marco Antonio Murillo, fue indagado ayer. Otros cuatro directores -al parecer miembros de una sola familia- también son requeridos y hay impedimento de salida del país para ellos.
Una fuente ligada a la investigación insinuó que la sociedad fue creada un lunes y cerrada un viernes, pero la evidencia refleja que se constituyó en el 2000 y hasta fines del 2003 operaba.
La materia prima procedía de España y los barriles de 55 galones cada uno fueron utilizados para preparar 130 mil frascos del Expectorante Sin Azúcar, Difenhidramina, Calamina y Pasta al Agua, todos contaminados.
De esa cantidad de medicamentos envenenados todavía hay 20 mil envases en hogares panameños.
La contaminación ya ha cobrado 26 víctimas y hay 40 hospitalizados, 24 de ellos en estado crítico.
La procuradora Ana Matilde Gómez informó que se ha pedido una 'asistencia judicial' al gobierno español para dar con las personas que proveyeron las sustancias. "Se ha acreditado un delito contra la salud pública" que conlleva penas entre 8 a 12 años de prisión, precisó.
Las investigaciones indican que los proveedores adulteraron también la fecha de vencimiento de la materia prima que era el 2004 para extenderla al 2007.
La procuradora reveló que la empresa panameña es una sociedad de papel y no está operando. Sus dignatarios son de nacionalidad panameña.
En tanto, los abogados Manuel Batista y Dionisio Rodríguez, defensores de Marcos Murillo, alegaron que éste es un chivo expiatorio y preguntaron, por qué no han llamado a declarar a los encargados de ese "nido de ratas" que es el Laboratorio de la CSS, donde muy bien pudieron contaminarse los productos que han provocado la calamidad que vive el país. Además insinuaron que hay gente bien pesada metida en el asunto.
Por su parte, Juan Jované dijo que hay que preguntarse por qué si la licitación se realizó en el 2003, la materia prima fue recibida en el 2004, y por qué después de 3 años fue utilizada",
Jované expresó que no quiere pensar que se trate de algo político