El retiro obligatorio del presidente de la Corte Suprema de Justicia deja un sabor amargo. Por más argumentos legales que se presenten, la Constitución es clara al fijar los requisitos para nombrar a un miembro de la máxima corporación de justicia y por ningún lado se establece que el cumplir 75 años, es un limitante para seguir en el cargo.
Los políticos cuando están en campaña prometen una cosa, pero cuando asumen el poder hacen otra. Se aseguró que se respetaría la independencia de los órganos del Estado, pero ahora se fomenta el retiro del presidente de la Corte.
Sin duda que Pereira Burgos no es una figura popular, más bien resulta arrogante, pero eso no debe ser motivo para aplaudir su retiro forzado.
La maquinación para su salida la inicia uno de sus antiguos copartidarios: el contralor de la República.
El mandatario Torrijos consulta a su antigua copartidaria -la Procuradora de la Administración- y ésta da el visto bueno para echarse a Pereira Burgos.
Ahora el nuevo presidente quedó en capacidad para nombrar ahora un nuevo magistrado, en el 2005 deberá designar a dos más y en el 2007 igual número, con lo que tendría la mayoría en la Corte.
Pereira Burgos podrá interponer los recursos que quiera, pero es probable que éstos duerman por buen rato en los archivos de la burocracia, incluso en los despachos de sus propios colegas de la Corte, porque no hay que olvidar que no hay peor cuña que el del propio palo. Queda sacar sus propias conclusiones ante lo sucedido.