La fecha límite para lograr un acuerdo en el contenido de la Ley 30 llegó hoy sin consensos en el tema de las huelgas y en el relacionado a los recursos económicos que da el Estado a quienes denuncian delitos ambientales, señalados en los artículos 14 y 34 de la polémica norma.
La mesa del diálogo sobre la Ley 30 proyecta para hoy una larga sesión para tratar de lograr acuerdos en torno al sensitivo tema de la reforma laboral sobre el cierre o no de una empresa durante una huelga.
De los 41 artículos de la Ley 30, cerca de 31 no sufrirán variación y entre 6 y 7 han sido eliminados. La polémica legislación será reemplazada por seis proyectos.
El sindicalista Genaro López dijo que entendían la posición de los empresarios de querer mantener abiertos sus negocios durante una huelga, pero ellos también deben comprender que ese es el mecanismo que tienen los obreros para forzar una negociación. A nosotros no es que nos gusta la huelga, por eso hay que buscar fórmulas de entendimiento, añadió.
Mientras Saúl Méndez manifestó que dentro de las conversaciones "la puerca tuerce el rabo" cuando se entra al tema de la huelga. Lo que respecta al descuento sindical se mantendrá que las empresas descuenten la cuota a los afiliados a los sindicatos.
Aunque la facilitadora, Isabel Saint Malo, reiteró la buena voluntad de los diversos sectores para encontrar una salida, tanto empresarios como obreros dejaron claro que no cederán en sus posiciones en el tema laboral. Por su parte, el empresario, Juan Francisco Kienner, indicó que también es un derecho universal el de aquellos trabajadores que no quieren participar en huelgas y que la clase obrera representada en el diálogo, trata de confundir los temas mediante la dialéctica marxista.
El viceministro de Trabajo, Luis Ernesto Carles culpó al sector sindical de no querer culminar la jornada de diálogo de ayer por la marcha que realizarían en horas de la tarde. Dejó claro que hoy sábado es el plazo de culminación del debate y que en horas de la noche o mañana domingo se le debe entregar el resultado al Presidente de la República.
Este viernes el sector empresarial catalogó como "inmoral y obscena" la propuesta de los ambientalistas de mantener la entrega de incentivos a panameños que presentan ante las autoridades casos que atentan contra el medio ambiente.
Raiza Banfield, expresó que toda denuncia ambiental requiere de gastos, porque en la mayoría de los casos son presentadas en las áreas rurales por personas de bajos recursos, por lo que propuso el 20% de la totalidad de la multa para los denunciantes y otro 30% para un fonde de silvestre.
Después de intensas discusiones, el Sector Ambiental logró reducir la ventana de discrecionalidad que había creado la Ley 30 en relación a la aplicación de la Ley General de Ambiente.
Se logró introducir que sólo podrán optar por Guías de Buenas Prácticas Ambientales los proyectos, obras o actividades de bajo o moderado impacto, es decir aquellos que no generen impactos ambientales negativos significativos y que no conlleven riesgos ambientales negativos.