El tráfico de ilegales es un negocio lucrativo para redes de delincuentes y funcionarios que se prestan para esa actividad clandestina que atenta contra la dignidad de personas que muchas veces huyen de su país de origen en busca de un mejor futuro.
Por años se ha venido dando en Panamá un negociado en esa línea y no se adoptan medidas claras para frenar de una vez por todas con esta actividad, que aparte de constituir un delito, genera luego al Estado gastos adicionales para mantener a los indocumentados y gastar luego fondos en su deportación.
Panamá siempre ha sido un crisol de razas. La historia se remonta a los años de construcción del Ferrocarril y el Canal de Panamá, cuando llegaron ciudadanos de diversas nacionalidades para contribuir en levantar esas obras.
Luego con el pasar de los años y las restricciones impuestas a emigrantes de ciertas nacionalidades se estableció un negociado para permitir el ingreso de extranjeros. Esa plata llenó los bolsillos de algunos y nunca hubo una investigación seria contra funcionarios sospechosos.
Ya es hora de frenar ese tipo de acciones. Si en verdad se cobra por permitir el ingreso de extranjeros a Panamá, en todo caso esos dineros deberían ir a parar al Tesoro Nacional y no al bolsillo de algún particular o de algún burócrata. De igual forma hay que establecer reglas claras y acabar con la discrecionalidad del funcionario, que a la postre es lo que fomenta la corrupción y el juega vivo.
También deben establecerse penas severas para los funcionarios que faciliten ese perverso comercio de seres humanos y promover iniciativas para que los involucrados devuelven al Estado todos los fondos obtenidos con ese perverso negocio.