Algunas de las medidas anunciadas por el gobierno nacional para evitar abusos de las empresas de energía eléctrica han comenzado a ponerse en efecto.
Por una parte, las auditorías realizadas a las distribuidoras Elektra Noreste y Edemet Edechi han puesto luz sobre una serie de irregularidades, entre ellas facturaciones que contaban más de 30 días, incluso hasta 42 días.
Por la otra, se anunció que ha entrado en vigencia la resolución No. 2793-Elec de la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP), que establece que el usuario del servicio tendrá derecho a participar de las investigaciones sobre robo de luz, y que no se le podrá cortar la energía hasta que no haya de por medio una resolución debidamente ejecutoriada.
El documento también hace explícito que la ASEP no aceptará actas de inspección firmadas solo por representantes de las empresas.
Estas auditorías y procedimientos buscan evitar la situación que se había dado hasta ahora, en que las empresas proveedoras de energía se convertían en juez y parte en cualquier situación irregular en cuanto a una factura.
Desde que se privatizó el mercado eléctrico, una de las quejas frecuentes de los usuarios ha sido que mientras los cortes de energía por atrasos en los pagos son inmediatos, los trámites para solventar situaciones de sobrefactura son un verdadero dolor de cabeza en el que el cliente siempre lleva la peor parte.
Aún habrá que ver la efectividad de estas medidas. Recordemos que a pocos días de haber iniciado el gobierno de Ricardo Martinelli, se anunciaron rebajas en la energía desde agosto, que al final se convirtieron en aumentos. Esta resolución acabada de estrenar tendrá que ser puesta a prueba por los usuarios.