La Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) ha puesto nuevas reglas para los casos de robo de luz. Ningún usuario que haya sido denunciado por este delito será juzgado y condenado unilateralmente por las empresas eléctricas a pagar "montos escandalosos".
La ASEP estableció que el usuario tendrá derecho a participar de la investigación y no se le podrá cortar el suministro hasta que exista una resolución debidamente ejecutoriada.
El nuevo procedimiento advierte que la ASEP no aceptará actas de inspecciones firmadas únicamente por representantes de las empresas que investiga.
Para iniciar la investigación de supuesto robo de luz, la compañía debe asignar a un personal idóneo debidamente identificado, quien deberá anunciarse ante el dueño de la cuenta o a una persona responsable. Si al momento de la inspección no se encuentra nadie en casa, el representante de la empresa debe colocar en un lugar visible un aviso con la hora y fecha.
Si en la segunda visita no se encuentra nadie, podrá hacer uso del testigo hábil o Notario Público, quien certificará las irregularidades que serán dejadas al cliente en un acta.
La ASEP advirtió que, cuando no se compruebe la existencia de una instalación fraudulenta, la empresa deberá asumir -si los hubiere- todos los gastos de reparación de los daños ocasionados a las instalaciones físicas y eléctricas de la propiedad del cliente causadas por las diligencias de inspección efectuadas por la empresa distribuidora.