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Encuentran corrupción en manejo de educación

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Managua
ACAN-EFE

La Contraloría General de Nicaragua (fiscalía de cuentas) presume responsabilidad penal para dos ex contables, y administrativas para cuatro directores de un instituto de educación media del estado, informó ayer en un comunicado.

El ente fiscalizador supone probables delitos de orden penal para una ex cajera y el ex contador del "Instituto Nacional Técnico para la Administración y la Economía, Manuel Olivares", por no entregar al Estado 320.707 córdobas (25.063 dólares).

Los cuatro directores del centro educativo habrían incurrido en responsabilidades administrativas, debido a los "pobres" controles financieros, indicó la fuente.

En el caso de la ex cajera y el ex contable, la Procuraduría de Justicia deberá establecer si cabe acusación formal en los juzgados de Managua y determinar el delito de defraudación al Estado y otros, señala el comunicado.

De acuerdo con la ley, los cuatro directores podrían recibir una sanción equivalente al salario individual de uno a seis meses.

La prensa local critica el hecho de que la Contraloría haya encontrado "evidentes pruebas" de corrupción, las que no obtuvo en el caso del ex recaudador del Estado Byron Jeréz.

El diario "La Prensa" denunció en enero supuestos actos corruptos de Jeréz, y el ex director de la empresa estatal de telefonía, Jorge Solís, por no ingresar al Estado más de 500.000 dólares, por la compra - venta de notas de crédito fiscal.

Según la prensa local, en el caso de Jeréz y Solís las evidencias y pruebas fueron expuestas durante meses por el rotativo, y éstos se negaron a presentar documentos oficiales que les inculpaba, pero la Contraloría resolvió que "no hay pruebas de sus delitos".

Jeréz y Solís dejaron el gobierno en julio pasado, luego de la "recomendación" del ente fiscalizador, y fueron absueltos por un juez suplente suspendido de funciones, de una denuncia privada de fraude y estafa contra el Estado.

La Procuraduría, en ese caso, dijo que el Estado nicaragüense no se sentía ofendido por los ex funcionarios.

Jeréz fue declarado en rebeldía la semana pasada por la Contraloría, porque se negó a declarar en una denuncia que señalaba que había construido parte de su casa de verano con fondos donados para mitigar los daños causados por el huracán Mitch, que azotó Nicaragua en octubre y noviembre de 1998.

 

 

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De acuerdo con la ley, los cuatro directores podrían recibir una sanción equivalente al salario individual de uno a seis meses.

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