El negocio de la venta de energía eléctrica alcanzó el año pasado 1, 061 millones de dólares. Es una cifra elevada para un país con apenas tres millones de habitantes y pone al descubierto que puede haber un gran margen de ganancias para los involucrados en ese actividad.
El mayor pedazo de ese pastel se lo llevan las generadoras con ingresos por 647 millones de dólares y luego siguen las distribuidoras con 318 millones de dólares; los primeros se llevan el 61% de la factura que los consumidores reciben cada mes y los segundos el 30%, el resto corresponde a la estatal transmisora ETESA.
El Estado es socio es las dos principales hidroeléctricas y fue una especie de cómplice por casi 10 años de las ganancias exorbitantes que se dice obtienen las compañías generadoras, donde la energía lograda con agua se la cobraban al usuario a precio de petróleo.
Se hace necesario que el Estado -como socio de esas empresas- divulge los informes financieros de esas compañías para conocer la realidad de las cosas. Muchas de las compañías involucradas son de capital extranjero y no es de extrañar que pronto se desaten presiones internacionales a favor de éstas, pero alguien debe defender los derechos de los usuarios.
También pareciera que esa división de empresas en generadoras, transmisoras y distribuidoras, golpea el bolsillo de los panameños, porque cada una reclama un margen de ganancias. Antes el IRHE cumplía todas esas funciones y con toda su burocracia, vendía el kilovatio hora a precios más bajos para el consumidor. Es casi imposible que el Estado pueda recomprar lo que privatizó, por eso hay que mantenerse alerta para frenar los abusos que por años se han dado en perjuicio del consumidor.