El gobierno lanzó ayer un ultimátum a los dueños de autobuses y camiones volquetes para que en el plazo de 30 días instalen gobernadores de velocidad a esos vehículos.
La decisión del mandatario Ricardo Martinelli se fundamenta en un Decreto ley de 1993 y en el propio Reglamento de Tránsito dictado a fines del 2006, que contemplan ese tipo de mecanismos para evitar que los conductores del transporte de pasajeros y carga incurran en el exceso de velocidad.
Esa advertencia del mandatario deja al descubierto que por años, los diversos gobiernos y autoridades han sido cómplices de irresponsables que circulan como enajenados por las carreteras del país a toda velocidad, sin importarle si le arrancan la vida a un cristiano.
¿Por qué si existe una disposición para controlar la velocidad de los vehículos pesados nunca se aplicó tal medida? Para nadie es un secreto que algunos conductores de autobuses, pero más choferes de camiones articulados y volquetes, avanzan en plenas avenidas capitalinas sobrepasando los límites de velocidad permitidos, sobre todo en altas horas de la noche.
En Panamá existen muchas leyes, pero el problema es que no se aplican y todo indica que faltaba carácter entre nuestros funcionarios.
El control para verificar si esos pesados camiones cumplen con la instalación de los gobernadores de velocidad no es complicado. Un operativo en las cuatro avenidas principales del país y las carreteras a Colón, la Interamericana y la Panamericana, bastan para detectar a los infractores. La aplicación de la ley, pudo evitar muchas tragedias que han cubierto de luto a hogares panameños.