La Corte Interamericana de Derechos Humanos inició ayer en Montevideo el proceso contra el Estado panameño en relación al caso del abogado Tristán Donoso, por la divulgación de una conversación telefónica del jurista por parte del exProcurador General de la Nación, José Antonio Sossa.
Tristán fue representado por abogados del Centro por Justicia y Derecho Internacional (CEJIL), quienes pidieron a la CIDH que obligue al Estado a indemnizar a Donoso; que anule una sentencia proferida contra éste por el Segundo Tribunal Superior de Justicia y que exija a Panamá una normativa para la regular todo lo relativo a las intercepciones y grabaciones telefónicas.
La audiencia inicio con el testimonio de Tristán, quien alegó violaciones a su intimidad con la grabación y divulgación de sus comunicaciones sin autorización legal, lo cual desembocó en acciones penales por calumnia e injuria en su contra.
Explicó que todo se inició cuando fungía como abogado de Walid Zayed, cuyas empresas en Zona Librea eran investigadas por el Ministerio Público por supuesto lavado de dinero a petición de las autoridades del Canadá, proceso del cual fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia.
En la audiencia se incorporó el testimonio de Zayed, así como del abogado Sidney Sitton, a quien Sossa le aplicó las leyes de desacato para detenerlo, bajo el argumento de que le había faltado el respeto.
El Estado panameño fue representado por el abogado Jorge Federico Lee, quien adujo como testigo al ex subdirector de la PTJ, Javier Chérigo. Guido Rodríguez, participó como perito del CEJIL.
