Del destape en enero de 2002 que hizo Carlos Afú para denunciar la entrega de sobres con sobornos a legisladores tras la aprobación del proyecto del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (CEMIS), ya han pasado 8 años y 7 meses. Ahora ha vuelto a tomar fuerza la investigación a través de la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo empuja para que se aceleren las pesquisas, bajo la premisa que altos cargos del anterior gobierno quedaran salpicados por uno de los peores escándalos de corrupción que recuerde Panamá.
Las investigaciones a diputados le corresponden a un magistrado-fiscal de la Corte, que ya indagó a Carlos Afú, quien pidió interrogar a los ex dirigentes del opositor Partido Revolucionario Democrático. La Procuraduría hizo lo propio con el ex mandatario Ernesto Pérez Balladares, en torno a unas filmaciones donde exlegisladores del PRD detallan aspectos del pago de los sobornos.
Lo importante es una investigación objetiva. Si bien es cierto que es un caso que se remonta al año 2002, el dinerosi es que en verdad hubo sobornos- deja rastro y un buen sabueso podrá seguir la pista para esclarecer todo lo relativo al CEMIS.
Pero la reapertura de las sumarias deben llevarse con el fin primordial de buscar la verdad y no con el propósito de perseguir a los adversarios políticos.
Antes de reabrir las investigaciones la Corte Suprema mantuvo por 1, 737 días en su esfera el caso CEMIS, un proceso que ya había declarado cerrado el 17 de septiembre de 2003. Fue a fines de diciembre de 2009 que se decidió la reapertura. Los casos de corrupción son difíciles de resolver, pero al menos en esta oportunidad hay alguien que confesó cómo se hicieron los pagos.