"Es lamentable que a casi un año de gobierno, la mayoría de los funcionarios de los más altos niveles no hayan presentado sus Declaraciones Juradas de Estados Patrimoniales", señaló el dirigente del Partido Cambio Democrático, Roberto Henríquez.
Para el opositor, el propósito de esta ley es brindar la mayor transparencia posible a los ciudadanos y tratar de evitar que las personas que ocupen altos cargos en el gobierno se enriquezcan ilícitamente.
A diferencia de los empleados de las empresas privadas, los funcionarios tienen la obligación moral y legal de justificar sus ingresos, ya que el Estado es el patrono y por ende lo somos todos los panameños, aseveró Henríquez.
