viernes 12 de agosto de 2005

 

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Primer desalojo en Darién
En Darién, particularmente en los poblados grandes se deben iniciar las aplicaciones de las normas en materia de construcción.(Foto: Isabel Castro P. / EPASA)

Isabel Castro P. | Darién, Crítica en Línea

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Entre escombros y todas sus pertenencias mojadas, está la señora Edilcia Miranda, ante el desalojo y demolición ocurrido en el día de ayer, después de haberse dado dos intentos de la acción judicial en la que la familia demandante logró sustentar que el predio ocupado era ilegal y que les pertenecía a ellos.

"No me iré de estos predios y aquí permaneceré, porque el Ministerio de Obras Públicas hacen muchos años me dio permiso para que instalara un negocio que me permitía el sustento a mi y mi familia y aunque el predio ocupado le pertenece a los cincuenta metros de Vía Panamericana los demandantes me acusan que les quité sus tierra, hecho que es totalmente falso”, puntualizó la señora Edilcia Miranda.

"Me quedaré sobre estos escombros y con todas mis pertenencias que ya están completamente mojadas y deterioradas, porque no tengo a donde pernotar, porque vivía aquí y en todo caso salgo sí las instancias del Ministerio de Obras Públicas que fue el que me dio permiso de utilizar la tierra dentro de los cincuenta metros, lo hago”.

Puntualizó que este desalojo y demolición se dio por influencia de familia reconocida y sí la sacaron de los cincuenta metros de carretera ocupada, tendrán que aplicar estas normas en todo el país e incluso en todo el poblado de Metetí, porque desde las oficinas de la Policía, dependencias públicas, negocios y residencias están sobre los cincuenta metros, que son del Estado y no de ninguna familia en particular.

Señaló, que los que dictaron esta orden a lo mejor no conocen donde está ubicada y por eso acataron lo expresado por las autoridades judiciales de Darién y si está acusada de invasora a la propiedad privada, que en todo caso sería del Estado, se debe hacer un desalojo y demolición colectiva.

Agregó la afectada, que los tres abogados y Ana de Callejo, funcionaria de la Policía daban órdenes a demoledores y que sus acciones fueron completamente parcializados. Por su parte el abogado Salvador Cruz en la entrevista realizada durante la acción judicial, señaló que este proceso tenía cinco años.



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