Cada fin de semana las calles de Panamá se tiñen de rojo. En esos días los índices de criminalidad parecen dispararse. El sábado, en el lapso de tres horas, hubo dos asesinatos en la capital.
El cambio de un uniformado por un civil al frente de la Policía Nacional, no ha registrado mayor variante. Todo indica que estamos frente a una situación fuera de control.
A un sujeto el sábado lo acribillaron en los estacionamientos de un supermercado frente a su esposa e hijo. Con una ciudad inundada de cámaras, no hubo capacidad de reacción para capturar a los asesinos y el caso probablemente quedará archivado en una Fiscalía con un sobreseimiento provisional e impersonal.
Los recursos existen. Sólo la Policía Nacional consume anualmente 200 millones de dólares del presupuesto nacional. Hay que sumarle los millones asignados a la Dirección de Investigación Judicial, así como los Servicios Aéreos, Marítimos y de Protección Institucional. La suma en total ya se acerca a los 250 millones de dólares.
Mientras las autoridades permanecen empantanadas en decretos leyes para espiar y convertir lo que se les ocurra en área de seguridad, el panameño de todas las capas sociales, ya teme salir a las calles, por temor a ser blanco de un asesinato o una bala loca.
Los teóricos de la seguridad exponen estrategias y estadísticas, pero en la práctica no hay resultados. Hoy la excusa es que se requieren reformas a las leyes en materia de seguridad para frenar la criminalidad. Antes se argumentó que la necesidad era designar a un uniformado al frente de la dirección de la Policía Nacional y traspasar al personal de la Policía Técnica Judicial a la Dirección de Investigación Judicial. Todo eso se ha hecho y no se observan mayores diferencias. En pocas palabras, el asunto está fuera de control y a menos que los responsables mejoren su desempeño, no se vislumbran mayores cambios, sino es que se pondrá peor.