El Defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, advirtió que la creación del Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad, debería adoptarse a través de una ley aprobada por la Asamblea Nacional de Diputados y advirtió una serie de fallas que presenta la propuesta planteada por el Ejecutivo.
Vargas reveló que analizó la legislación comparada de España y Chile en materia de inteligencia y seguridad, y el común denominador fue que su adopción se logró mediante leyes debatidas y aprobadas por sus respectivos órganos legislativos.
Además advierte que para evitar el abuso o exceso en el ejercicio de las atribuciones y facultades dadas al Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad, se requiere una mejor definición y abordaje de los controles por parte de la Asamblea Nacional de Diputados.
El Defensor resalta que la propuesta del Ejecutivo establece la presentación de informes ante la Asamblea Nacional, sin determinar ni precisar el mecanismo.
Vargas también cuestiona que el control judicial será ejercido por el Magistrado Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema o quien designe el pleno, sin embargo, recuerda que la guarda de la integridad de la Constitución de la República está reservada exclusivamente al pleno de la Corte.
PROYECTOS ESTAN CONFUSOS
También destaca que el proyecto contempla aspectos confusos relativos a la jerarquía del Director del Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad, a quien se le otorga rango de ministro de Estado, pero "adscrito orgánicamente" al Ministerio de la Presidencia, lo que genera una incongruencia.