Seis de los veinte excarcelados cubanos acogidos en España, desde el 13 de julio pasado, acudirán a los tribunales si el Gobierno español les deniega el asilo político que han solicitado para regularizar su situación legal.
Estos disidentes quieren que se les reconozca su condición de refugiados para que quede patente que estuvieron en prisión por motivos políticos y que fueron deportados por el Gobierno de Cuba, informó a Efe su abogado, Fernando Vizcaíno.
Este estatus debe ser concedido o denegado en un plazo máximo de seis meses por la Oficina de Asilo y Refugio, en la que participan los ministerios españoles de Interior, Exteriores y Justicia.
Este grupo, integrado por seis disidentes y una veintena de familiares, pedirá amparo al Defensor del Pueblo para que se tome una decisión de forma urgente.
Según Vizcaíno, "el Gobierno, extraoficialmente, les ha dicho que no se lo van a reconocer (el asilo)" para evitar problemas con las autoridades cubanas.
En este caso -añadió- los disidentes presentarían un recurso contencioso-administrativo para que sean los tribunales los que resuelvan su petición.
El abogado plantea, además, la posibilidad de acudir a organismos internacionales, como el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), para respaldar la postura de los exiliados cubanos.
Este grupo también reclama quedarse en Madrid y no ser trasladado a otras ciudades españolas, después de que la Cruz Roja apuntara que no hay plazas vacantes en los centros de acogida que tiene en la capital.
Con este fin, el grupo de disidentes expatriados ha enviado un escrito al Ministerio del Interior en el que alega motivos de salud para permanecer en Madrid, debido a que algunos tienen enfermedades derivadas de sus siete años en la cárcel.
Según el letrado, la Constitución española ampara su derecho a residir en el lugar que elijan libremente.
Entre estos disidentes están Ricardo González, Mijail Bárzaga, Normando Hernández y Julio César Gálvez.
