La Procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, ha comenzado un movimiento trascendental en la historia del país al notificar a sus colaboradores que "su función se tiene que realizar con estricto apego a la ley, respetando los derechos humanos".
Con la llegada de la democracia, luego de la invasión militar estadounidense de 1989, las expectativas del pueblo panameño fueron defraudadas al no producirse los cambios necesarios en materia de justicia.
Una de las pruebas de esto son las cantidades de demandas contra el Estado panameño que, por múltiples razones, han sido interpuestas y que suman más de 250 millones de balboas, sobre todo por no respetar los procedimientos.
La justicia debe iniciarse con las investigaciones de los casos y posteriormente proceder con la acusación contra los implicados por parte de los fiscales. La tendencia en Panamá es la de buscar condenas y no la aplicación de justicia. Los funcionarios terminan por estar sobre la justicia debido a su poder para movilizar el proceso, de tal manera que los detenidos se mantienen en las penitenciarías sin siquiera haber sido
elaborado su expediente, con las consecuencias de mora judicial, hacinamiento carcelario y otras.
Al mismo tiempo, los fiscales han sido seres infalibles en cuyas decisiones es punto menos que imposible realizar cambios, aunque estén cargadas de fallas que perjudiquen a los acusados. Al parecer el sistema dictatorial cambió, pero no la forma tradicional de llevar los casos por parte del Ministerio Público.
Hace algún tiempo, un alto funcionario nos confesó que cuando ingresó a esta dependencia llevaba muchos deseos de realizar cambios, pero el sistema le obligó a adaptarse a su esencia. Tal vez al no pertenecer a ningún grupo y por su condición de mujer, la actual Procuradora ha logrado hacer cambios interesantes en esta organización, contemplando la equidad y el respeto a los derechos humanos.
A los panameños nos apasiona el tema político electoral porque siempre buscamos beneficios. Sin embargo, en lo que se refiere a la justicia, la lucha de la Procuradora comienza a verse de diferente manera y se avizora una renovación de las instancias a su cargo, sobre todo ante la búsqueda de justicia, anteriormente dependiente de los intereses de los altos personeros.
Los cambios que se están produciendo en esta organización, tendrán profundas consecuencias en la sociedad panameña y, sobre todo, en el Poder Judicial porque crearán una reacción en cadena con pronósticos reservados, pero cuyos efectos, se harán sentir en todo el aparato gubernamental.
La función de la Procuradora es hacer que los fiscales sean unos ciudadanos más, que no estén por encima de la Constitución y la Ley. Ya no existirán más los fiscales de hierro.
