El gobierno puso a "consulta" pública una serie de transformaciones en el aparato de seguridad pública, contenidos en cinco proyectos de decretos ejecutivos, que de ser aprobados tendrían calidad de ley de la República, por cuenta de los poderes extraordinarios con que actualmente cuenta el Presidente de la República.
Escribimos consultas entre comillas, porque las veces que el gobierno abrió períodos para consultar las reformas al Código Electoral y la eliminación de la Policía Técnica Judicial, las leyes aprobadas luego de esos períodos no acogieron ningún aporte sustancial de la sociedad civil o de un sector ajeno a la actual administración.
Más importante que el debate sobre si una vuelta o no al militarismo está contenida en estos proyectos, está el mismo fondo del problema: si la creación de un servicio de inteligencia, la fusión de los servicios marítimo y aéreo nacional, y poner a cuatro uniformados al frente de entidades de seguridad, entre otras propuestas, servirá realmente para que Viva, Crítica en Líneamos más seguros.
¿Esto acabará con la ola de ejecuciones en el país, que ya supera las 150? ¿Se reducirá la cantidad de droga que transita por el país? Nuevamente, no se ha dicho nada sobre limpiar la casa en el órgano judicial ni los estamentos de seguridad antes de establecer cambios sustanciales en su estructura. Tampoco nada sobre combatir la corrupción de unidades dentro de nuestros servicios de seguridad.
En un país en que los delincuentes roban, trasiegan y matan sin temor alguno de ser capturados, y en que los ciudadanos desconfían de las autoridades, medidas como la creación de una nueva estirpe de servidores públicos invisibles para cualquiera que no sea el Presidente, genera más suspicacia. ¿Cómo podremos confiar nuestra seguridad en funcionarios que nada tendrán de públicos?