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El Primer Tribunal Superior de Justicia ratificó una sentencia del 30 de diciembre de 1998 proferida por el Juzgado Quinto Civil, que obliga al Estado a pagarle salarios y otras prestaciones a 72 trabajadores del diario La Prensa, debido al cierre que sufrió ese medio de comunicación durante la dictadura militar.
En septiembre de 1995, el abogado Miguel Antonio Bernal presentó formal proceso civil ordinario contra el Estado por los daños y perjuicios ocasionados a los trabajadores durante el cierre arbitrario e ilegal del diario desde el 25 de febrero de 1998 al 20 de diciembre de 1989.
El 30 de diciembre de 1998 el Juzgado Quinto emitió sentencia por medio de la cual: "condena al Estado a pagar los daños y perjuicios". Sin embargo, el Ministerio Público apeló de inmediato esa sentencia aduciendo para ello Excepción de Prescripción de la Acción.
El Primer Tribunal Superior del Distrito Judicial ha dictado nuevamente sentencia el 13 de julio y ha declarado no probada la excepción de la acción invocada. También ha confirmado la sentencia en lo relativo a la obligación del Estado de pagar los salarios dejados de percibir, los décimo tercer mes dejados de percibir y la incidencia en beneficios del Seguro Social que "son consecuencia directa de la ocupación, desalojo y cierre del Diario La Prensa, por parte de los miembros de la Fuerza de Defensa". |
